Ana Lucía Arce Luna y Raúl Tomás Juárez Contreras, se sirvieron con la cuchara grande y no logran justificar esta importante cantidad de recursos
Alexxa Carrasco
Unas verdaderas fichitas resultaron el expresidente municipal de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras y la actual presidenta, Ana Lucía Arce Luna quienes, de forma conjunta, lograron desaparecer 17 millones de pesos durante el año pasado; ahora solo es cuestión de días, para conocer a detalle cómo estuvo el descarado desfalco en que incurrieron estas autoridades.
De acuerdo con el Informe de Resultados que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ya tiene en sus manos, ambas autoridades no lograron comprobar más de 17 millones de pesos durante 2024 y aunque la mayoría de las observaciones son de la anterior administración, resulta que una buena parte son de la actual, de esa que según los principios de la Cuarta Transformación no deben robar, ni mentir y mucho menos traicionar al pueblo.
Y es que a Ana Lucía Arce Luna le bastaron cuatro meses de su administración para hacer de las suyas pues, aunque prometió que por ser la primera mujer de la historia en gobernar este municipio las cosas serían distintas, se lo cumplió al pueblo.
Lo anterior, porque logró que la inseguridad se disparara a niveles nunca antes vistos; fue la primera en la historia, no solo de San Pablo del Monte, sino de todo Tlaxcala y el país, en admitir que en el ayuntamiento está metido el crimen organizado; hizo de la seguridad un redituable negocio manejado por los hermanos Malcos Amaro; pero para cerrar con broche de oro, se dedicó a encajar el diente a los ciudadanos con cobros excesivos de licencias y otros impuestos y deshacerse de quienes se le ponen al brinco, lo que se ha convertido en su especialidad.
Si bien, Ana Lucía Arce Luna solo habría desviado unos cuantos millones durante los primeros cuatro meses de su administración, lo preocupante del caso, es que de las supuestas irregularidades que detectó de la anterior administración, la de San Isidro nunca promovió las demandas penales correspondientes, como si hubiera pactado cobijar al exalcalde.
El problema es que al no haber denunciado nada, ahora tendrá que ser la responsable de justificar a dónde fueron a parar esos 17 millones de pesos que no se lograron comprobar de 2024 una vez que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado comience con la dictaminación de su cuenta pública y se revelen los detalles de cada uno de los rubros en los que se detectaron las irregularidades financieras.
