Lo alarmante, según su testimonio, es que no se le proporcionó ningún comprobante por ese pago extra, solo un recibo correspondiente al trámite de la copia certificada.
Ciudadanos del municipio denunciaron presuntos abusos y cobros irregulares por parte del personal del Registro Civil, quienes estarían exigiendo pagos excesivos por trámites oficiales, en algunos casos sin entregar recibo alguno. Todo esto estaría surgiendo bajo el consentimiento del presidente José Miguel Acatzi.
El pasado viernes 22 de mayo un usuario que acudió a solicitar una copia certificada de acta de nacimiento fue sorprendido al recibir un cobro adicional de 339 pesos por la «corrección de datos», previo a la entrega del documento.
Lo alarmante, según su testimonio, es que no se le proporcionó ningún comprobante por ese pago extra, solo un recibo correspondiente al trámite de la copia certificada.
Sin embargo, este caso no es aislado. Testigos que también esperaban ser atendidos ese día denunciaron que los costos de trámites similares llegaron hasta los 7,000 pesos, sin que existiera transparencia ni documentación oficial que justificara dichos montos.
Los presuntos responsables de estos abusos y desvío de recursos son Carlos Alberto Moreno Romero, actual suplente del diputado Emilio de la Peña y quien a su vez es hijo de la juez del Registro Civil, Araceli Romero Fuente, quienes presuntamente estarían vinculados a estas prácticas irregulares. De acuerdo con los testimonios recabados, ambos tendrían conocimiento de los cobros y, hasta el momento, no han emitido ningún posicionamiento público al respecto.
Las quejas apuntan a una falta grave de transparencia, posible desvío de recursos y abuso de autoridad.
En Zacatelco, donde muchas familias dependen de trámites oficiales para acceder a servicios básicos o regularizar su situación jurídica, este tipo de prácticas representan un obstáculo y una violación directa a sus derechos.
Por ello, los ciudadanos exigen a las autoridades estatales —incluyendo la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública— que intervengan de forma inmediata para auditar el funcionamiento del Registro Civil local y frenar los abusos.
“La gente no tiene por qué pagar más de lo justo ni aceptar cobros sin recibo. Esto ya no es una falta administrativa, es una burla al pueblo”, expresó uno de los afectados.
